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5 Años Despues

Hasta ahora, el accidente ha supuesto al Estado un gasto de más de 415 millones de euros. En él se incluyen indemnizaciones a particulares, de lo desembolsado a través de diferentes convenios con comunidades autónomas y municipios afectados, y de lo que se ha gastado en el sellado y control del pecio. Los trabajos en los restos hundidos han costado hasta ahora 116 millones.
Las indemnizaciones más importantes fueron a parar a la gente del mar. Según un informe de Vicepresidencia del Gobierno, “pescadores, marisqueros, rederos y otros trabajadores del mar” recibieron desde el inicio de la crisis más de 147 millones. Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco firmaron convenios con la administración estatal por un monto de 143,8 millones. Los ayuntamientos de las zonas costeras perjudicadas recibieron 9,6 millones.






Los gestores de los fondos internacionales para la indemnización en este tipo de desastres por hidrocarburos —los FIDAC— tienen sobre su mesa 839 reclamaciones presentadas en la oficina abierta en A Coruña para atender a los damnificados. Y 479 presentadas en Burdeos (Francia). Las consecuencias del vertido del fuel se ensañaron también con las costas francesas y, en menor medida, con las portuguesas.El Gobierno, que ya recibió 115 millones de euros del FIDAC para el caso Prestige asumió los gastos en un principio.
Pero continúa buscando a quién pasarle la factura. Por eso mantiene un pleito en Estados Unidos contra la American Bureau of Shipping (ABS), una agencia calificadora, cuyos informes permitieron al envejecido Prestige surcar el océano cargado de chapapote.
Se trata de una de las dos grandes demandas originadas por la catástrofe. La otra, que vincula a la compañía propietaria del barco y por tanto definirá lo que paguen sus aseguradoras, está en el juzgado de Corcubión, en la Costa da Morte coruñesa. Cinco años después del naufragio, ese proceso aún no ha pasado pasado la fase de instrucción.
Según las estimaciones de Pedro Trepat, el juicio oral podría comenzar a finales de 2008. Falta la prueba pericial que determinará si la decisión de alejar el barco de la costa fue la que causó el derrame de la práctica totalidad del fuel.La demanda radicada en el juzgado de Corcubión surgió como producto de las diligencias previas incoadas cuando se produjo el accidente. Nunca Máis se sumó al proceso pidiendo que también fuesen llevados al banquillo de los acusados los responsables de la decisión de alejar el barco del litoral. El entonces delegado del Gobierno, Arsenio Fernández de Mesa, y el capitán marítimo de A Coruña, Ángel del Real, que estuvieron imputados, ya se han caído del proceso. El entonces director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, continúa vinculado al caso. Ha dicho en el juzgado de Corcubión que la decisión de alejar el barco fue suya.
Según los críticos con esta decisión, el desplazamiento del barco resultó fatídico al facilitar que el fuel se esparciese por toda la Costa da Morte. Del reparto de la desgracia dan noticia las estadísticas: las 182.760 toneladas de residuos generadas por el accidente —una amalgama de fuel, arena y plásticos— llegaron a tres países. Galicia fue la comunidad autónoma más castigada, con 79.000 toneladas de restos recogidos en el mar y en tierra firme, pero en aguas vascas se recuperaron casi 21.000 toneladas de residuos. De las playas cántabras se retiraron 13.000 toneladas.

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